El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado han realizado 62 abortos en niñas y adolescentes menores de edad en los últimos siete años.
Los casos han sido reportados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y las procuradurías de justicia locales quienes explican que las intervenciones representan 0.2% de un total de 28 mil 252 niñas y adolescentes que fueron agredidas sexualmente entre 2009 y 2016.
Durante ese mismo periodo 70 mil 630 mujeres denunciaron haber sido violadas, 4 de cada 10 tenía menos de 18 años de edad. Sin embargo, el GIRE conoce al menos 23 casos en los que se les ha negado servicios de aborto, aun en los casos donde las niñas no exceden los 10 años de edad.
“Continúa la idea de que el aborto es un delito, acuden al centro de salud y los médicos tienen información errónea de que es un delito y dilatan los procedimientos. Otras veces las mujeres están en contextos de violencia muy severos y no es tan fácil para ellas salir de ese contexto e ir a denunciar”, advierte Karen Luna, investigadora jurídia del GIRE.
En un caso de esta índole, un niña no pudo abortar a pesar de que era menor de 10 años, incluso el comité de bioética de un hospital del estado de Tabasco sugirió que la menor se encontraba en condiciones para continuar con el embarazo pues ya han tenido a otras niñas en las mismas condiciones sin que corran peligro.
En muchos casos de este tipo la fiscalía general intenta reclasificar el delito de violación por el de pederastia, por lo que no tienen más que sobrellevar la situación y “llevar el embarazo a término, al no ser considerada (la afectada) en el proceso penal como víctima de violación sexual”, señala el reporte de Violencia sin interrupción del GIRE.
