Hace dos semanas, el titular de la Secretaría de Salud (SSa), José Narro Robles, afirmó que la condición laboral no debería determinar el tipo de cobertura médica que reciben los ciudadanos. Afirmó que esta segmentación en la atención puede vulnerar a varios segmentos de la población, entre los que se puede incluir a los adultos mayores.
Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), hizo eco de las declaraciones del titular de la SSa durante su intervención en el conversatorio “Los Derechos Humanos de las personas mayores y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.
En el evento, Culebro apuntó que al menos siete de cada 10 adultos mayores en México carecen de pensión o servicios de salud. Apuntó que esto se debe a que, aunque la amplia mayoría tuvo un empleo redituado durante su edad productiva, no se encontraba en plazas que les permitieran cotizar ni en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La directora del IMDHD pidió al gobierno federal realizar un censo que pudiera captar la realidad y vulnerabilidad de los sectores más indefensos. En este sentido, aseguró que no solo los adultos mayores carecen de una afiliación a un servicio público de salud, sino que también los campesinos, indígenas y habitantes de las áreas rurales se encuentran en una situación similar.
Verónica Montes de Oca y Marissa Vivaldo Martínez, investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que también participaron en el evento, afirmaron que únicamente el 25 por ciento de la población de adultos mayores con más de 60 años cuenta con una jubilación o pensión económica, lo que equivale a unos 2.5 millones de habitantes.
Afirmaron que muchos de estos adultos mayores no están enfermos ni requieren servicios médicos de alta especialidad. Sin embargo, sí apuntaron que hay una clara carencia en la cantidad, calidad y acceso de la atención médica pública de primer nivel, pues es la que se necesita para resolver muchos de los problemas de esta población y aún así se encuentran en una posición de extrema vulnerabilidad.
