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Priistas defenderán a médicos que incurran en violencia obstétrica
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Van contra ley que busca encarcelar a médicos que cometan violencia obstétrica en Puebla

Diputados priistas de Puebla se pronunciaron en contra de la iniciativa de Moreno Valle que pretende criminalizar al gremio médico.
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Hace algunos meses Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, presentó una iniciativa ante el congreso de este estado con la cual se buscaría castigar con tres a seis años de cárcel a los médicos que cometan violencia obstétrica y que atenten contra la salud reproductiva de las mujeres.

Sin embargo, diputados priistas locales representados por Silvia Tanús Osorio, informaron que buscarán defender al gremio médico que incurra en dichas acciones, por lo que se pronunciaron en contra de dicha iniciativa que pretende criminalizar al gremio médico.

Tanús Osorio, quien además es presidenta de la Comisión de Equidad y Género, externó su desacuerdo ante la ley impulsada por el gobernador poblano. “Creo que no hay necesidad de castigar a los médicos con cárcel. Esto no nos correspondería a nosotros ya que la comunidad médica cuenta con su propio sistema de justicia que es la Comisión de Arbitraje Médico. Opinamos que la cárcel no es la solución para afrontar este problema”, comentó la diputada priista.

Mencionó que los médicos ya deben lidiar con la Norma Oficial Mexicana y con las disposiciones de la Comisión de Arbitraje Médico, por lo que “resulta una exageración intentar criminalizar a los médicos y castigarlos con cárcel”, dijo.

Cabe destacar que la propuesta del gobernador Moreno Valle describe la violencia obstétrica de la siguiente manera: “el acto u omisión que lleva a cabo el personal médico, cirujanos y demás profesionistas similares y auxiliares, que en el ejercicio de su profesión u oficio, causen daño al cuerpo, la salud física o psicológica, así como a los procesos reproductivos de las mujeres”.

El artículo 243 de dicha ley, señala que el personal médico que incurra en violencia obstétrica, “se le impondrá de tres a seis años de prisión y multa de hasta trescientos días de salario; si el sujeto activo del delito fuere servidor público, además de las penas señaladas se le impondrá destitución e inhabilitación, hasta por tres años, para ejercer otro empleo, cargo o comisión públicos”.

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