En el marco de la promulgación de la Nueva Constitución de la Ciudad de México, la Arquidiócesis de México manifestó su rechazo a través de la editorial del Semanario desde la Fe, donde califico al texto constitucional como una asesina de los valores más importantes de la condición humana.
De acuerdo con información presentada por El Universal, los representantes del Estado eclesiástico señalaron que las disposiciones contenidas en la carta magna son incluso peores que el narcotráfico.
Las fracciones mayoritarias en el Constituyente vendieron la durísima realidad de sangre y crueldad en la Ciudad de México. Realidad que esconde la inmoral figura de la Eutanasia y el lucrativo y abominable negocio del aborto, que es peor que el narcotráfico.
Asimismo, las autoridades eclesiásticas calificaron a la nueva Constitución de ser un “documento ilegítimo, atropellado, recetario de ideologías y de absurdos jurídicos”.
De lo anterior, es visible la postura contraria a lo establecido en el acta constitucional, principalmente sobre los preceptos relacionados con la muerte asistida y el aborto.
En el tema de la muerte asistida los miembros del constituyente aprobaron en su mayoría la posibilidad del ciudadano al acceso a la muerte digna. Y, sobre el aborto, fue posicionado como un derecho inherente a la mujer para salvaguardar su integridad física, fundamentalmente.
En ambos casos, la decisión de incluirlos en un marco regulatorio como la Constitución de la Ciudad de México hace referencia a los acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país, en la materia. También, son el resultado de la interpretación sistemática y armoniosa de los Derechos Humanos y las estadísticas de la población que optaban por estos recursos.
Al respecto, y sobre todo, el decreto constitucional para ambas cuestiones habilita los dispositivos necesarios para que aquellas personas que decidan tomarlos puedan hacerlo de manera segura y protegida, sin poner en riesgo su integridad personal, en un país como el nuestro.
