Una de las promesas más grandes de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su campaña electoral fue la austeridad republicana. En este sentido, el gobierno de transición ha emprendido una serie de reformas a los esquemas de remuneración de los funcionarios de gobierno en los altos rangos, entre las que destacan la eliminación del seguro médico.
Entre los primeros grupos que sufrirán oficialmente por esta nueva norma están los diputados del Congreso de la Ciudad de México (CDMX). Ernestina Godoy Ramos, coordinadora del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la institución capitalina, adelantó que la eliminación del seguro médico privado a todos los miembros de la cámara baja será parte de su iniciativa de austeridad para el presupuesto de 2019, ya aprobada por el pleno.
Godoy afirmó que, para garantizar la salud de todos los funcionarios del Congreso, los diputados locales serán inscritos al seguro médico de Instituto Mexicano de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Además, se implementará un nuevo tabulador de salarios para que ningún diputado pueda percibir una remuneración económica superior a la de la futura jefe de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.
La diputada apuntó que también se plantea eliminar bonos o retribuciones adicionales que rebasen el límite de remuneraciones previamente establecido, sin importar que sean salarios obtenidos por su desempeño en cualquier cargo o comisión. Recordó que tanto la eliminación de los seguros médicos privados para los funcionarios como estas otras medidas están pensadas para reducir en un 30 por ciento el presupuesto de 2019.
Otras propuestas de austeridad adicionales anunciadas por Godoy fueron la reducción del 50 por ciento al gasto contemplado para reuniones fuera de las instalaciones del Congreso, disminución a la inversión publicitaria y la prohibición de utilizar recursos públicos para la contratación de equipos de seguridad personal. Fuera del seguro médico, también se harán recortes en servicios como electricidad, telefonía y adquisición de gasolina.
Ya desde agosto, cuando empezó a sugerirse el retiro del seguro médico privado a funcionarios públicos, se temía que los profesionales médicos prestando sus servicios en el ISSSTE pudieran sufrir de un burnout laboral por el súbito volumen de derechohabientes. Igualmente, se planteó que los gastos de la institución podrían incrementarse en hasta cuatro mil 800 millones de pesos
