Hace algunos años, los conflictos médico-legales eran algo inusual dentro del quehacer médico. De hecho, la existencia de instancias como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (creada apenas en el sexenio del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León y cuyo decreto aparece en el Diario Oficial de la Nación del 3 de junio de 1996) resultaba prácticamente incomprensible, mucho menos aún se pensaba en la eventual existencia de Agencias del Ministerio Público especializadas en Responsabilidades Médicas, pues las quejas en contra de los profesionales de la salud eran prácticamente inexistentes.
Sin embargo, hoy día todos sabemos que esto ha cambiado radicalmente por muchas razones, principalmente porque la sociedad actual tiene acceso a todo tipo de información con extrema facilidad y se encuentra cada vez más dispuesta a hacer valer sus derechos, así como a exigir cuentas a todo tipo de autoridades, incluidas las sanitarias, especialmente cuando se trata de temas tan importantes y delicados como los que atañen a su salud.
Muchas cosas han cambiando en apenas dos décadas, algunas para bien y otras no tanto. En el caso de la salud contamos con mejoras tecnológicas, una mayor especialización médica y medicamentos cada vez más efectivos; no obstante la relación médico-pacientes es cada vez menos cercana, más encarecida por el excesivo materialismo y obviamente, con una mayor desconfianza mutua, lo cual nos presenta una actualidad entendible, donde los conflictos médico legales son situaciones cada vez más comunes.
Pese a todo lo anterior, personalmente lo que más trabajo me cuesta comprender es como a veinte años de la creación de la CONAMED (por tomar una fecha de referencia), siguen sin tomarse dentro del ámbito médico las medidas pertinentes para adaptarse a esta realidad, y hago la aseveración anterior porque conozco médicos que (sin estar enfrentando un caso de éste tipo), cuando se les habla del tema, actúan de forma casi desinteresada, evidenciando un pensamiento interno que casi llego a escuchar, “eso a mí no me va a pasar”, a pesar de que casi todos conocen a algún colega cercano al cual le ha pasado.
Otra muestra de ello es que en la mayoría de las facultades de medicina del país, o por lo menos en las que conozco, no existe dentro del plan de estudios materia alguna en la que se enseñe el aspecto legal de la práctica de la medicina (es decir, el derecho médico o derecho sanitario), pues aún se piensa que el simple hecho de cursar materias como “medicina legal y forense” o “ética médica y profesionalismo” se enseña y prepara a los estudiantes de medicina acerca de la relevancia legal de sus actos como profesionales de la salud.
Lo anterior, sólo por mencionar algunos ejemplos de cómo es evidente que aún se sigue pensando acerca de las demandas médico legales y prevalece la idea del, “eso a mí no me va a pasar”; sin embargo, como bien dice el dicho “no pasa hasta que te pasa” y para entonces ya es demasiado tarde dadas las complicaciones materiales, profesionales, sociales y morales que situaciones cómo estas acarrean.
Lo más contundente y preocupante en este sentido es que aún sigan existiendo muchos casos llevados ante las autoridades ministeriales, judiciales y de comisiones de arbitraje médico en los que no existe un adecuado expediente clínico, situación que de forma automática hace presumir una mala práctica médica, al menos conforme al criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XXVIII/2013 (10a.), registro: 2002569, y cuyo rubro se titula “MALA PRÁCTICA MÉDICA. AUSENCIA O DEFICIENCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA”. En ella se establece que: “La ausencia o deficiencia de la historia clínica, genera una presunción en contra de los médicos que trataron al paciente, respecto a la existencia de una posible mala práctica médica, pues tal ausencia o deficiencia no puede sino perjudicar a quienes tienen el deber de confeccionarla y asentar en ella todos los pormenores necesarios según la ciencia médica y no al paciente, en atención a que son precisamente los médicos quienes se encuentran obligados a documentar detalladamente el curso del acto médico. De lo anterior se colige que el hecho de documentar un historial clínico de forma incompleta o deficiente por parte del personal médico, constituye un riesgo innecesario para el derecho a la vida y a la salud de los pacientes, riesgo que no encuentra justificación dentro del riesgo implícito que conlleva el ejercicio de la medicina.”
Siendo aún más específicos, existen casos donde ni siquiera se recaba un adecuado consentimiento de los pacientes, ya sea para ingreso hospitalario, para cirugía, para aplicación de anestesia o para realizar un egreso voluntario.
Resulta increíble que en muchas instituciones de salud se siga delegando el recabar dichos consentimientos a personal que nada o muy poco tienen que ver con la relación médico-paciente, como son trabajadoras sociales, enfermeras o incluso personal de recepción. Se sigue creyendo que el recabar el consentimiento bajo información es conseguir una firma y poco les preocupa el contenido del documento a firmar; eso lo sé porque en muchos casos que he atendido, al momento de revisar dichos documentos vitales para una adecuada defensa me doy cuenta que aunque en algunos casos se tienen formatos muy completos (o al menos con palabras muy llamativas y “legaloides”) no se llena el apartado que establece cuál es el acto respecto del que se está emitiendo el consentimiento, y mucho menos se detallan los riesgos y beneficios que se esperan de dicho acto o, en el caso de egresos voluntarios, aunque por un lado se llegan a establecer palabras como “por lo cual asumo la plena responsabilidad de mi decisión de abandonar el hospital”. Por otro lado tampoco se establecen cuáles son los riesgos de tomar dicha decisión, entonces cabe preguntarnos ¿cómo se puede asumir responsabilidad respecto de lo que no se conoce?.
Mientras se mantenga la mentalidad del “eso, a mí no me va a pasar”, sin tomarse medidas para enfrentar la realidad (mismas que van desde concientizar a los estudiantes sobre las implicaciones legales de su actuar, y hasta llevar a la práctica un adecuado historial médico conforme a la normatividad existente), los conflictos médico-paciente no sólo seguirán siendo el tema de conversación en muchos pasillos de hospitales, sino también la causa de que muchos profesionales de la salud dejen de ejercer su profesión, al menos de forma tranquila por tener que estar acudiendo a firmar una libreta de presentaciones al juzgado cada semana o por tener que enfrentar pagos cuantiosos por indemnización de daños.
