Existe un dicho que reza: “El que nada debe, nada teme”; sin embargo, considero que tal adagio no debería ser aplicado al pie de la letra por ningún prestador de servicios de salud al enfrentar una acusación por mala práctica médica… al menos desde la perspectiva de la pasividad, pues lamentablemente existen muchos obstáculos a los cuales deberá enfrentarse y, en cierta forma, temer, a pesar de tener la conciencia tranquila por haber actuado correctamente o, al menos, dentro de los límites de lo posible.
Al enfrentar una acusación por mala práctica médica nos topamos con varios obstáculos de tipo legal, así como otros que van más allá de lo estrictamente jurídico.
Pero dejemos de lado (por ahora) los aspectos estrictamente legales o de proceso. En este espacio trataré lo que considero son dos aspectos extrajudiciales de suma relevancia y que deben tenerse presentes si se está involucrado en acusaciones de este tipo:
1) LAS FALSAS EXPECTATIVAS QUE SE TIENEN SOBRE LA MEDICINA
El primero de ellos es la falsa idea que gran parte de las personas tienen sobre la medicina, pues consideran que al tratarse de una ciencia muy avanzada (o por encontrarse en una institución médica con todo lo necesario), cualquier tipo de intervención quirúrgica o tratamiento que reciban debe salir a la perfección. Por ello, cuando se presenta algún tipo de complicación automáticamente se piensa en la existencia de algún error o negligencia médica inexcusable.
Así, por ejemplo, en casos de complicaciones transquirúrgicas, éstas se consideran como algo directamente atribuible al médico, especialmente cuando se trata de cirugías electivas o que no son de urgencia y en las que se consideró que el estado del paciente previo a las mismas era aceptable.
Otro ejemplo de esto lo encuentro en la mayoría de las quejas derivadas de alguna atención obstétrica, al leer frases como “todo mi embarazo lo cursé con normalidad y nunca se me informó que existiera algún problema con mi bebé”, para imputar responsabilidad al obstetra ante cualquier hecho adverso.
Se piensa en la salud como un derecho y obligación que puede ser exigido, pero nunca como una posibilidad que, para ser obtenida, cuenta con la influencia de muchos factores, siendo el correcto actuar médico sólo uno de éstos, y, en muchas ocasiones, uno no predominante.
Las anteriores formas de pensar no solamente están arraigadas en el común de la población, sino que también, en muchas ocasiones, son compartidas por las personas que se encargan de procurar o impartir justicia.
Por lo tanto el primer reto a enfrentar es tratar de hacer entender tanto a la contraparte como a la autoridad que la medicina no es una ciencia exacta y por tanto, no se puede juzgar el acto médico con base en los resultados, sino con base en los medios utilizados en el tratamiento de la inconformidad.
2) FALTA DE UNA CORRECTA ASESORÍA (Tanto a los pacientes como a las autoridades)
El segundo obstáculo (que desde mi punto de vista es el que más llega a complicar la defensa de este tipo de casos) es la ínfima especialización que existe, no sólo por parte de los abogados litigantes que asesoran a pacientes o a médicos, sino también por la deficiente asesoría que en muchos casos reciben las autoridades encargadas de investigar o juzgar los reclamos médico-legales, dada la carencia de peritos realmente especializados que predomina en la mayoría del país.
De inicio, nos topamos con casos donde abogados sin mayor conocimiento de los aspectos básicos de la medicina inician reclamaciones legales pretendiendo fundar su exigencia únicamente en un mal resultado, como si la medicina fuera una ciencia exacta en la que al no haber obtenido el resultado esperado, se está ante una falla del actuar médico.
Pero lo que resulta más grave aún es que, en el transcurso de las investigaciones o del juicio, las autoridades no cuenten con peritos realmente calificados para estar en la posibilidad de juzgar el actuar de los involucrados en este tipo de reclamos, pues quienes se encargan de asesorar a las distintas autoridades emitiendo sus respectivos dictámenes periciales, (la mayoría de las veces) no cuentan con la especialidad ni la experiencia necesaria para tal efecto. Resulta entonces que el mismo médico que opina si un detenido se encuentra golpeado o bajo los efectos del alcohol o alguna droga, es el mismo que luego se pone a opinar sobre casos de obstetricia, traumatología, anestesia, etc.
Por ello no es raro conocer casos reales donde la información expuesta en un dictamen pericial que fundamenta un “auto de forma de prisión” está totalmente bajada de sitios de internet como “Wikipedia”, o donde no se hace referencia a algún tipo de bibliografía médica confiable para emitir sus críticas al caso puesto a su consideración, sino que únicamente se limitan a calificar el procedimiento como “incorrecto” o “inadecuado”, pero sin explicar la razón por la que lo consideran de tal forma.
Como lo mencioné desde un inicio, no basta tener la tranquilidad de haber actuado correctamente, sino que además se debe tener la capacidad para evidenciar lo correcto del actuar médico puesto en tela de juicio, y de forma no sólo entendible para quienes saben muy poco de medicina general y poseen prácticamente un nulo conocimiento de conceptos de especialidad médica, sino también de forma convincente y por encima de los que son los “peritos oficiales” de las autoridades.
Conociendo lo anterior, puedo asegurar que al ser señalado por un mal proceder médico no se puede llevar a la práctica el dicho “el que nada debe, nada teme”, pero tampoco se trata de temerle a este tipo de situaciones, sino lo que recomiendo es tener claro qué es a lo que se tendrá que enfrentar y asesorarse adecuadamente para así poder mantenerse con la tranquilidad de que se sigue haciendo lo correcto.
